En pocas líneas de texto, la estatal petrolera YPFB respondió a EL DEBER que “aún no se ha recibido la notificación del monto” de la penalidad que deberá pagar a Integración Energética Argentina S.A. (Ieasa), por haber enviado gas natural por debajo del mínimo estipulado en el contrato suscrito en 2006, que son 8 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d).

Entre el 22 y 31 de octubre, YPFB envió a la Argentina entre 5,60 y 7,58 MMm3/d, por lo que la entidad, de acuerdo a la modalidad ‘delivery or pay’ (envía o paga) reclamó a YPFB el pago de la multa para comprar el gas que necesita de otros vendedores. En el vecino país calcularon que la penalidad a ser pagada por los bolivianos asciende a $us 626.978.

La estatal boliviana, en un comunicado, adujo que la caída del volumen obedeció a la interrupción de la producción en el pozo Margarita X3ST, que aporta 2,5 MMm3/d para el contrato con Ieasa. La operadora del megacampo, Repsol, hasta el momento no respondió a EL DEBER sobre las razones de la caída de la producción del pozo. En caso de negligencia, la multa la deberá pagar la firma de origen español.

El Gobierno destaca logros

El Gobierno nacional mantiene su preocupación sobre los proyectos de exploración. De hecho, ya se dio un “jalón de orejas” al presidente de YPFB, Wilson Zelaya, por la baja ejecución presupuestaria. El 9 de noviembre, el mismo Presidente del Estado, Luis Arce, anunció que la inversión para concretar el plan de exploración de YPFB para el periodo 2021-2025 considera un monto de $us 1.550 millones.

El primer mandatario explicó que se tienen 19 proyectos exploratorios en carpeta de la petrolera estatal, con lo que se podrá reponer el consumo de los recursos y, también, aumentar, en el mediano plazo, las reservas de hidrocarburos.

Por su parte, Wilson Zelaya, a punto de cumplir un año de gestión al frente de YPFB, el 19 de noviembre, destacó los logros de su administración, al mencionar el “plan agresivo” de exploración para 2021-2022, lo cual reactivará muchos proyectos demorados, que tienen gran prospectividad y están en plena ejecución. “Suscribimos varios contratos, como el de asociación con la empresa YPF Argentina, que tiene su filial en Bolivia, relacionado con el proyecto de Charagua. Esto a través de un Decreto Supremo que permitió a YPFB incorporarse a ese plan de perforación”, indicó, mientras ponderó la suscripción de tres contratos de estudios y uno de negociación. “Hemos generado un 300% de nuevos proyectos con respecto a los años anteriores”, añadió.

Según el informe de Zelaya, durante 2021, los proyectos exploratorios suman 11 pozos en ejecución, “cantidad sólo superada en la gestión 2016, cuando se llegó a los 11 pozos exploratorios”. Asimismo, informó que los tres taladros que tiene YPFB están en plena actividad.

El titular de YPFB también destacó la producción y venta de gas natural, ya que este año se lograron mejores ingresos con respecto al año pasado, gracias a la exportación de mayores volúmenes del hidrocarburo y con mejores precios, dijo, sin mencionar cifras. Sin embargo, no se refirió al confinamiento y el efecto en 2020, tampoco a la declinación de campos ni a la menor oferta de gas.

Ayer, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía dijo que, debido a las políticas asumidas por el Gobierno nacional para reactivar el sector hidrocarburífero, este año se logró incrementar la producción de gas de 43 millones MMm3/d a 47 MMm3/d, en su informe Más Energía Para Salir Adelante.

Pérdida de oportunidades

Como se sabe, el precio del gas natural que se vende a Brasil y Argentina, se calcula en base a una canasta de combustibles y uno -el de mayor incidencia- es el precio del crudo WTI, de referencia en Estados Unidos. Con los precios de este crudo sobrepasando los $us 80 por barril, el precio del gas boliviano se ha incrementado hasta un 10% para el contrato con Petrobras ($us 5,44/MMbtu) y un 8% para el contrato con Ieasa ($us 7,08/MMbtu). Sin embargo, la caída de la producción obliga cada vez a renegociar los contratos con menores volúmenes para no incurrir en incumplimientos y penalidades.

Ante la limitada oferta boliviana, Argentina y Brasil se ven obligados a comprar gas natural licuado (GNL) que llega en buques metaneros a sus costas.

Un reporte del diario argentino Río Negro mencionó que la semana pasada el Gobierno de Alberto Fernández tuvo que pagar $us 38 por MMbtu de GNL, algo que no le viene bien a la alicaída economía argentina, que ya tiene en papeles el gasoducto Néstor Kirchner, que pretende llevar gas de Vaca Muerta al noroeste argentino, tradicional mercado para el gas boliviano. A Brasil tampoco le hace gracia comprar gas de ultramar, pues por estos días paga más de $us 30 por MMbtu, precio del marcador JKM (Japan Korea Marker), pero no tiene otra opción porque Bolivia solo puede enviarle poco más de 20 MMm3/d.

Para el director de la consultora Gas Energy Latin America, Álvaro Ríos, Bolivia está dejando de vender por lo menos 10 MMm3/d adicionales de gas a las termoeléctricas privadas de Brasil, que ha sufrido una de las peores sequías de la historia y tiene sus centrales hidroeléctricas produciendo lo mínimo.

Dijo que, si la producción no hubiera declinado, se podrían firmar contratos interrumpibles con precios que pueden llegar a $us 20/MMbtu, e incluso “amarrar” los nuevos acuerdos a algún marcador de precios del GNL. “Nos estamos perdiendo un buen momento, sobre todo los mercados interrumpibles de Brasil que pueden pagar más. Hemos ahuyentado las inversiones para exploración con impuestos y subsidios”, lamentó Ríos.

Al mismo tiempo, se atrevió a pronosticar que el próximo año pueden continuar las penalidades, ya que las entregas mínimas a la Argentina podrían bajar a 6 MMm3/d. “Pero creo que con multarnos no sacan nada. Más les va a costar si no hacen algo estructural como el gasoducto Néstor Kirchner, luego revierten el (gasoducto) TGN y con eso tienen acceso al mercado del norte argentino al norte de Chile; pueden vender gas a Bolivia y a Brasil”, puntualizó el analista, a tiempo de proponer negociar una sexta adenda con Argentina “con lo que existe”; es decir, tomando en cuenta la declinación de la producción de gas.

Las probabilidades

Raúl Velásquez, analista de hidrocarburos de la Fundación Jubileo, afirmó que la situación actual del sector en Bolivia es producto de una política hidrocarburífera que ha sido rentista desde la denominada ‘Guerra del gas’ (2003), que se dedicó a atender las demandas de los denominados movimientos sociales y no se preocupó por la sostenibilidad del sector. Esto derivó en el incumplimiento de la misma Ley de Hidrocarburos (3058), que establece la creación de un volumen nacional de seguridad, ante cualquier contingencia.

“Es un volumen que varía según la empresa operadora, pero aparentemente es tan crítica la situación del sector en Bolivia, que no disponemos de ese volumen de seguridad, porque tenemos problemas en un pozo, y el país simplemente no puede cumplir sus compromisos de exportación. Ahí tienes a las autoridades (de YPFB) pidiendo a ENDE que demande menores volúmenes para las termoeléctricas o directamente enviando menores volúmenes de exportación”, subrayó Velásquez. Sobre ello, ayer el Ministerio de Hidrocarburo insistió en que “se consiguió la disminución del consumo de gas en las plantas termoeléctricas, lo que significa un logro que responde a la nueva política de diversificación de la matriz energética”.

Sin embargo, el experto señaló que en estos momentos Argentina está tomando un rol mediático justo cuando se negocia una sexta adenda al contrato de 2006, de la que busca más ventajas.

La producción de gas cayó en 6 MMm3/d en 2021
El director de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, Eduardo Ibáñez, dijo que la salida del pozo MGR-X3ST en la producción de gas para exportación, acompañó la caída de las entregas de hasta 6 MMm3/d en lo que va de 2021. Y explicó que, por ejemplo, el campo San Antonio (Sábalo), que en algún momento del año entregó 10,7 MMm3/d, actualmente lo hace con 9,2; Incahuasi redujo de 11 a 10,2 MMm3/d. “Esto llama la atención porque cuando disminuye Margarita, el segundo responsable para abastecer este contrato (Ieasa) es Incahuasi”, señaló, a tiempo de mencionar que la declinación del “resto de los campos” ha reducido su producción de 11,8 a 10,7 MMm3/d.

“Vemos con preocupación, en base a los datos registrados, una curva que se ha acentuado este año, mientras la demanda ha ido creciendo; el mercado está ansioso por energía y tal es el resultado que los precios del GNL se han disparado a casi el triple de lo que estaba antes de la pandemia”, apuntó Ibáñez.

En ese sentido, añadió que Brasil y Argentina van a preferir maximizar sus importaciones a través de gasoductos, porque nuestros precios vuelven a ser más baratos, pero ahí se van a topar con la limitación de oferta que podamos tener”, indicó.

Las arcas del Estado, en los últimos diez años, siempre tuvieron un aliado. El crédito externo. Así de $us 3.927 millones, en 2011, los préstamos se dispararon exponencialmente hasta marcar los $us 12.525 millones, a mayo de 2021.

Alentados por estos ingresos y por los excelentes precios internacionales de los commodities, la espalda del aparato estatal se fue ensanchando. Con ello aumentó el gasto, particularmente el corriente. Así en 2018, fue de Bs 121.729 millones. En 2019, subió a Bs 131.756 millones. En 2020, rozó los Bs 138.000 millones, según la Fundación Jubileo.

Es en este contexto de abundantes recursos e incremento del gasto público, desde 2014 se fue gestando un desequilibrio entre ingresos y gastos. Un desequilibrio que los economistas llaman déficit fiscal. Que en 2020, fue de un 12,73% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Aunque el Ministerio de Economía, para esta gestión proyectó un déficit fiscal de un 9,7% en relación al PIB.

Pero ¿qué es el déficit fiscal? El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) lo define como el resultado negativo de las cuentas del Estado, ocurre cuando el gasto público es mayor al conjunto de los recursos, originando una deuda del Estado. O como el exceso de los egresos sobre los ingresos, ya sea, del sector público consolidado, del Gobierno central o del sector público no financiero.

¿Cuál es importancia? Parafraseando al economista Róger Wilson Alfaron, en la medida que el déficit fiscal esté financiando gastos de capital (inversiones) del sector público y no así gastos corrientes, mayor será el crecimiento económico.

¿Qué sucede en el país?

Es Fundación Jubileo la que hace notar que el profundo déficit fiscal y el consecuente endeudamiento de los últimos años presenta una situación que da señales de insostenibilidad. Y si no se realizan ajustes o reformas, no solo en las finanzas públicas, sino en la economía en su conjunto, puede haber mayores problemas.

La institución precisa que el Estado se ha endeudado incluso en momentos de bonanza y para mantener su nivel de gasto y el modelo económico. La deuda creció. Hace notar que hay desajustes macroeconómicos por resolver, que no permiten una recuperación de la economía.

En 2006, la deuda pública fue de $us 4.955 millones y en 2020 subió a $us 16.522 millones un monto superior en 3,3 veces al comienzo del Modelo de Economía Social Comunitario Productivo y de los cuales 2,7 veces corresponde al total de la deuda externa, observa Germán Molina, analista económico.

Que desgrana que hubo un aumento significativo de la deuda pública total por persona. En 2006 era de $us 551 por individuo y en 2020 cada uno de nosotros debía $us 1.377.

Tomando en cuenta solo la deuda externa, en 2006 cada uno de los bolivianos tenía una responsabilidad con el exterior por $us 350. El año pasado, las obligaciones habían subido a $us 1.040 por persona. El incremento fue de $us 690 por persona, durante 14 años, asegura Molina.

A pesar del aumento de la deuda externa, el Gobierno, desde hace siete años, sigue arrastrando el desequilibrio ‘crónico’ de un mayor gasto con respecto a sus ingresos. ¿Por qué? ¿Qué hace con la plata que recibe? o ¿Con la que genera?

Es la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape) que está bajo la tuición de Ministerio de Planificación del Desarrollo, la que explica que, ante la vigencia del Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo del Vivir Bien, la redistribución de los ingresos es el pilar de la política económica del Gobierno.

El Estado tiene la obligación de compartir los recursos, especialmente entre las personas de escasos ingresos. Con la política redistributiva de ingresos, se logró priorizar la asignación de recursos en sectores sociales vulnerables como adultos mayores, mujeres embarazadas e infancia, niñez y adolescencia, de acuerdo con la Udape.

En la línea de redistribución de los ingresos, desde la cartera económica se detalló que el salario mínimo se incrementó en 382%, de Bs 440 en 2005 a Bs 2.164 en 2021. Marcelo Montenegro, ministro de Economía, remarcó que el Gobierno seguirá con sus políticas de aumentar el salario de la clase trabajadora para reponer el poder adquisitivo y fortalecer la redistribución de ingresos para dinamizar la economía.

El gasto social es rescatable. Pero no el gasto corriente en salarios del aparato estatal, en empresas públicas que no son rentables.Aspectos que cuestiona el economista Jaime Dunn. Que resalta para seguir con esta política de redistribución el Gobierno, ante la dificultad de obtener recursos del exterior, gira su mirada al Banco Central de Bolivia (BCB) y la columna del debe, se puso en rojo.

La deuda interna en 2014 alcanzó los Bs 28.664 millones, un 13% del PIB. A agosto de 2021, se ubicó en los Bs 83.000 millones. El Gobierno, para Dunn sigue mantenimiento un alto nivel de gasto y a la vez las posibilidades de financiamiento externo se han visto disminuidas, razón por la cual recurre al financiamiento interno.

Dunn proyecta que se espera un sostenido incremento de la deuda interna y externa hasta cerca del 60% del PIB debido a los continuos déficits fiscales que se tienen y que se vienen acumulados desde 2014 y por el rápido incremento de la deuda interna que últimamente crece de manera desproporcionada.

Para el Centro Boliviano de Estudios Económicos (Cebec) de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la deuda per sé no es un problema, sino el destino de los recursos, especialmente cuando se dirigen a actividades que no aseguran un retorno. Esto se dificulta cuando el empréstito es en moneda extranjera y el destino de los flujos no asegura la disponibilidad de divisas para el servicio de la deuda (capital e intereses).

También recordó que al país se le condonó un porcentaje importante de la deuda externa a inicios de la primera gestión del expresidente Juan Evo Morales. Sin embargo, en los últimos años, principalmente en el último lustro la deuda se ha incrementado. Incluso en 2012, 2013 y 2017 el país captó recursos en mercados de capitales internacionales mediante bonos soberanos.

¿Y los $us 3.000 millones?

Con el objetivo de captar a los inversores extranjeros el Gobierno en reiteradas ocasiones anunció la colocación en el mercado bursátil de Bonos Soberano para obtener liquidez por unos $us 3.000 millones.

Sin embargo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo a EL DEBER que todavía no era el momento ideal para le mencionada operación y que se haría cuando fuera ‘conveniente’. 

Por la situación económica actual, los diferentes indicadores y la calificación de riesgo de Bolivia emitida por las calificadoras internacionales, en caso de poder emitir estos bonos soberanos, sería a un costo muy alto (altas tasas de interés). En varias gestiones, la ley del Presupuesto autorizaba la emisión de estos bonos, pero en la práctica no se concretó, reflexionan desde Jubileo.

Dunn es más directo y afirma que el Gobierno no ha podido realizar la colocación de los $us 3.000 millones de bonos en el extranjero, debido a que las condiciones crediticias del país han empeorado desde el año pasado.

Los bonos de 2028, fecha en que vencen, se están transando a $us 90 centavos por cada dólar de deuda boliviana. Eso implica una tasa de financiamiento para el país muy por encima de la tasa de emisión nominal y más cercana a los dos dígitos, explica Dunn.

Molina resalta que esos recursos iban a financiar parte del gasto público del Estado y a su vez amortiguar el déficit fiscal que sufre la economía.

Ante la consulta de cómo influyen las últimas calificaciones de riesgo de Fitch Ratings y Moody’s, para el Cebec-Cainco las calificadoras a escala internacional definen que Bolivia es un país “no grado de inversión o especulativo”. Esto es que el desempeño de Bolivia a ojos de los inversionistas externos se ha deteriorado.

Sin duda, una menor calificación repercute negativamente en: las condiciones financieras de tasas de interés menos competitivas; mayores tasas de interés para tomar riesgo en Bolivia; y, condiciones de concesionalidad (acceso) menos flexibles, puntualiza el Cebec.