Cándido Tancara Castillo / La Paz
En Bolivia, las minas no pueden venderse por decisión constitucional. Esta situación motiva a las inversiones privadas a buscar caminos alternos que, sin embargo, no tienen efecto en las primeras fases del proceso exploratorio. En algunos países, el riesgo y el costo en minería están distribuidos entre varios operadores.
“Desde hace varios años no hay inversión privada en exploración de nuevos yacimientos y el Estado ha asumido la responsabilidad de esas primeras etapas; pero el esfuerzo es insuficiente y no se conocen nuevos depósitos mineros interesantes”, señala un reporte de la Fundación Jubileo.
Tampoco hay inversiones en plantas metalúrgicas privadas, continúa, pues sólo el Estado montó la planta de Corocoro, renovó el horno principal de Vinto, construyó un nuevo ingenio en Huanuni, rehabilitó la fundición de Telamayu y reanudó las actividades de las acerías de Pulacayo y de Catavi. Adicionalmente, indica, puso en marcha una planta de obtención de azufre elemental de alta calidad y se embarcó en el proyecto del litio en el Salar de Uyuni.
En los últimos años, refiere el informe, algunas empresas privadas demostraron interés en llegar al país, pero a operaciones que ya mostraron su potencial o que ya superaron las primeras fases de la exploración.
¿En qué eslabón de la cadena de valor minera es más interesante invertir en los países mineros? Se preguntan los investigadores de Jubileo y responden que “es bueno invertir en la extracción de minerales, si se tiene la seguridad de un buen yacimiento, y en su comercialización”.
Advierten que los capitales no quieren correr riesgos innecesarios y buscan obtener las utilidades más grandes en los plazos más cortos. “Las etapas más riesgosas de la minería son la exploración y la industrialización en países poco industrializados”.
25 años para la explotación
Desde que se descubre una “anomalía” en el terreno hasta que se inicie la explotación minera rentable pueden pasar 25 años. Durante este lapso todo es erogación y nulo ingreso. En cada paso hay riesgo de que el depósito de mineral no sea el soñado y/o que caigan los precios de los metales en el mercado internacional o, incluso, que los inversores pierdan el entusiasmo.
Entre 2003 y 2017, la inversión total en el sector minero en Bolivia ascendió a 4.164 millones de dólares; la inversión privada llegó a 3.043 millones de dólares y la estatal, a 1.121 millones de dólares. Salvo un par de años, la inversión privada superó a la estatal; en promedio, el sector recibió una inyección de 277 millones de dólares por año, de éstos, el Estado aportó con 75 millones por año; es decir, una tercera parte.
En ese contexto ¿es necesaria la inversión en el sector? El informe responde: la sostenibilidad de la minería depende del hallazgo de yacimientos. Los resultados de una inversión exitosa o la explotación de un yacimiento minero requieren de 25 años.
Este factor es, por tanto, determinante para trabajar en el presente en la exploración con la esperanza de hallar algo explotable dentro de 25 años, sentencia el informe y alerta que todas las minas que están en operación actualmente en el país, probablemente, habrán agotado sus reservas para el año 2045.
“Por esto es imprescindible explorar ahora, preferiblemente, con capital privado, porque el Estado no puede destinar recursos que pueden ser utilizados en salud o educación a situaciones inciertas”, reitera.
Por otra parte, señala Jubileo, Bolivia no puede seguir sólo exportando minerales. Debe pasar, por lo menos, a la comercialización de metales o de productos con valor agregado. “El esfuerzo realizado por el Estado para pasar a este eslabón de la cadena es insuficiente y se requiere mayor inversión privada”.
Indica que sólo el 8% (en valor) de la exportación es de metales por lo que se pierde centenares de millones de dólares por año. Por esto “es imprescindible invertir en la metalurgia”.
Las inversiones del sector privado estuvieron destinadas a montar la operación, a incrementar su capacidad, a mejorar la tecnología, a aumentar sus reservas, a disminuir costos operativos, evalúa.
¿Cómo atraer inversión?
Dadas las características de los capitales, dice Jubileo, “atraer inversiones al país es una tarea profundamente compleja”. Otros países de la región que poseen riquezas mineras desarrollaron estrategias generosas para captar inversiones externas y lo han logrado.
¿Qué esperan los inversores? Ganar mucho dinero con el menor esfuerzo. Por ello para llegar a un país ponen condiciones: seguridad jurídica, estabilidad impositiva (mejor si es pequeña), disponibilidad de mano de obra calificada, garantías de recuperar su inversión, protección frente a posiciones de las comunidades, arbitraje internacional en caso de discrepancias y otras específicas en función de las circunstancias.
“Bolivia ofrece a los inversores en exploración la posibilidad de recuperar lo invertido en esa fase durante la explotación si los resultados son positivos. Si la operación será en áreas de la estatal Comibol, los inversores tienen dos alternativas de asociarse: el pago de un porcentaje del valor bruto de ventas o el pago del 55% de las utilidades”.
En cambio, continúa el estudio, si la operación es en un área libre, no deben compartir las utilidades ni las ventas brutas.
“Esto parece inclinar la balanza hacia operaciones en espacios libres; pero hay una tendencia a asociarse con Comibol porque las áreas que ofrece la corporación ya están parcialmente exploradas y hay certeza de la existencia de minerales”.
Jubileo alerta que Bolivia no ha disminuido las exigencias del Estado con el fin de atraer inversiones externas, tampoco ha hecho mucho por promocionar yacimientos seguros.
En cuanto a la seguridad jurídica, prosigue, el Gobierno se esforzó por mostrar que ésta no existe en el país y “la muestra más dramática es la anulación de la creación de la empresa mixta del litio”. Esta empresa era resultado de un proceso de tres años de búsqueda y selección de socia; pero todo fue eliminado con un decreto. “El mensaje que se envió al exterior desvirtuó todos los esfuerzos de seguridad jurídica que se pretende hacer creer a los inversores. Las consecuencias de este decreto se los verán en los próximos meses y años”.
El reporte precisa que el peso de impuestos y regalías en Bolivia es similar al de otros países, aunque algunos son mucho más favorables a los inversores en contra de los intereses del Estado. Explica que el Estado retiene el 19% del valor del mineral para el caso de la plata, en otros minerales este porcentaje baja al 9%. En Perú, el porcentaje baja a 11.45% para la plata. Esta diferencia de ocho puntos puede inclinar la balanza en contra de Bolivia si hubiera una carrera por captar capitales extranjeros.
Proponen invertir en exploración y metalurgia
La Fundación Jubileo concluye que la inversión en minería es necesaria en exploración de minerales y en la metalurgia; en el primer caso para asegurar la sostenibilidad del sector; en el segundo, para aumentar los ingresos del Estado.
En los últimos años, continúa, la inversión en el sector es pequeña. La mayor proporción corresponde a la minería privada; pero ha habido un par de años en los que el Estado superó al operador privado. El Estado es el que más invierte en metalurgia para lograr captar el máximo valor de las exportaciones.
El Estado no precisa bajar sus exigencias para captar capitales externos; lo que debe hacer es asegurar que no habrá cambios en las condiciones del contrato y que no se tomarán decisiones arbitrarias en contra de los intereses privados o del Estado.
En cuanto a la inversión privad, señala que sólo se conoce un caso de una empresa canadiense que ha adquirido una empresa que operó un tiempo en el país y que está realizando una inversión importante en exploración.
La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) es propietaria de varias áreas mineras no explotadas, a lo largo de todo el territorio nacional. Esta entidad estatal ha manifestado en varias oportunidades que se asociaría con empresas privadas para explorar esas áreas y, en caso de obtener resultados positivos, explotarlas, pero hasta el presente no dio luces.
Comibol, después de 1985, ha firmado varios contratos de riesgo compartido y de arrendamiento con empresas privadas para explotar sus minas que ya estuvieron en operación. Estos contratos, luego, fueron transformados en contratos de asociación. La Ley de Minería, aplicando lo que determina la Constitución Política del Estado, establece que en estos contratos, la Comibol reconoce a favor de la socia, el 45% de las utilidades de la operación.
El fracking en América Latina ¿utopía o realidad?
El fracking de las formaciones shale, como todos conocemos, es una técnica puesta en práctica en USA que le ha permitido a ese país pasar de ser un neto importador de petróleo y gas natural a un neto exportador. Es conocida como la revolución norteamericana del shale gas y el shale oil.
La actividad consiste en romper la roca madre (shale) con arena, agua y químicos a altísima presión y estimular la producción de estas formaciones que tienen muy baja permeabilidad, para que así el petróleo, gas y agua puedan fluir hacia la superficie. La producción de shale gas en EEUU se inicia aproximadamente el año 2000 y a finales del 2019 se tiene producción de 1,926 millones de metros cúbicos cía (mmmcd), es decir 64 contratos de 30 mmmcd entre Bolivia y Brasil. La producción de petróleo shale se inicia posteriormente el año 2004 y al 2019 EEUU produce cerca de 8.7 millones de barriles día (BPD), es decir 11% de la producción mundial.
Los norteamericanos han podido hacer de esta industria una realidad por varias razones: Aplicando nuevas tecnologías y experimentos constantemente y haciendo que las operaciones de gran escala y que el equipamiento esté disponible. Además, aprovechando financiamiento disponible en los mercados y sobre todo haciendo uso de la seguridad jurídica que tiene ese país. Con todo esto los costos de producción se han bajado notablemente para competir con producción de petróleo y gas convencional.
Los norteamericanos son pragmáticos y a diferencia de varios países Latinoamericanos que son nostálgicos, permiten que la actividad del fracking se realice con el debido cuidado ambiental y protegiendo las cuencas de agua que son estrictamente reguladas por parámetros técnicos por varias agencias. No existe esa oposición típica nuestra de oponerse por oponerse o por ultimo oponerse para aprovecharse política o económicamente.
Hay otra gran diferencia y es que el Estado no es dueño del subsuelo sino los habitantes que moran sobre estas formaciones. Es decir estas personas otorgan los leases y no se debe pasar por el papa Estado como ocurre en nuestra región. Las regalías que se pagan en boca de pozo las podemos estimar en 15 a 18%. Analicemos Argentina que es otro país que por los últimos 10 a 12 años ha tratado de impulsar el fracking en su formación Vaca Muerta. Un shale muy pero prolijo y de clase mundial geológicamente y con enormes recursos.
Varias empresas, incluyendo su estatal YPF están interesadas en desarrollar con intensidad Vaca Muerta porque los pozos pilotos demuestran costos de producción competitivos. La regalía en Argentina que se paga es de aproximadamente 12 a 15% y la zona de Neuquén no es muy conflictiva ambientalmente por ser una zona desértica y con escasa población. Así las cosas la producción de shale gas este 2019 ha llegado a 31.52 mmmcd y la de petróleo a 90.000 BPD. Nótese la diferencia con EEUU.
El problema no es la geología, sino más bien las condiciones país, de seguridad jurídica, sindicatos, condiciones macroeconómicas, subsidios, estabilidad de moneda para que las inversiones y producción no aumenten más y más bien se hayan frenado hacia finales de 2019. Es decir, son los propios argentinos los que no hacen viable el masivo desarrollo del shale de Vaca Muerta que podría traerle los dólares que tanto necesita.
Colombia es otro país que quiere impulsar el shale en el Valle Medio del Magdalena en la formación La Luna. La relación reservas/ producción de gas y petróleo están por debajo de los 8 años y esto inquieta a los colombianos. A diferencia de Argentina existe una férrea oposición ambiental por la sensibilidad de la zona. Las regalías estimadas para la producción de los pozos pilotos que se quieren realizar podrían estar entre 5 a 20%. Veremos qué pasa.
El nostálgico presidente AMLO, así de un plumazo ha impuesto un stop al fracking, sin ninguna consideración ni estudio ambiental, ni económico ni técnico. Es que su tozudez no le permite observar lo que acontece al norte de la cuenca de Burgos en el imperio. Finalmente Bolivia viene hablando de que podrá desarrollar proyectos shale en la formación Miraflores. Comentar que primero tendrá que hacer una legislación especial que baje regalías y tributos establecidos en la CPE y la Ley de 50% o haga una concesión especial y no exista férrea oposición ambiental. Mientras por ahora es solo un sueño.
Ex Ministro de Hidrocarburos de Bolivia y Actual Socio Director de Gas Energy Latin America
