6 de julio de 2022 11:57

Experto: YPFB sobrepone 18 áreas de exploración de hidrocarburos en 8 parques nacionales

Raúl Velásquez añadió que tres áreas de exploración se sobreponen a la reserva de Tariquía; también observó que el Gobierno amplía las áreas reservadas, pese a que ninguna ha dado resultados positivos o negativos.

La Paz, 6 de julio de 2022 (ANF).- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobrepone 18 áreas de exploración de hidrocarburos sobre ocho parques nacional y áreas protegidas en todo el país. Además, aumentó las áreas reservadas, informó el experto en materia hidrocarburífera, Raúl Velásquez.

“He encontrado que son 18 áreas reservadas a favor de YPFB sobrepuestas a parques naturales y áreas protegidas a nivel nacional. Son ocho parques naturales a los que se han sobrepuesto 18 áreas de exploración”, sostuvo Velásquez en declaraciones a la ANF, con base en el Sistema de Información Geográfica en Hidrocarburos de la Fundación Jubileo.

En el caso de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía son tres áreas sobrepuestas, estas son San Telmo norte, San Telmo sur y Astillero. En el caso de San Telmo norte, la Asamblea Legislativa aprobó el contrato entre YPFB Chaco que tiene 60% y Petrobras-Bolivia que tiene el 40%.

La Asamblea Legislativa también aprobó el contrato de Astillero, entre YPFB Chaco que tiene el 60% del contrato y Petrobras-Bolivia el 40%. En relación a San Telmo sur aún no fue aprobado el acuerdo contractual.

“Está habiendo un avance importante en este caso porque hablamos de perforación de un pozo Astillero X-1”, sostuvo el especialista en el tema.

Observó que la sobreposición de áreas de exploración de hidrocarburos se incrementó, dijo que antes eran 15, pero ahora son 18.

En relación a las áreas reservadas, dijo que con el nuevo decreto supremo 4667, “se ha incrementado las áreas de exploración a favor de YPFB”. Precisó que hasta 2017 había 100 áreas para la exploración, pero ahora con el DS 4667 tenemos 104 áreas reservadas”, sostuvo.

Velásquez precisó mucho más, explicó que se empezó reservando 21 áreas el 2007, pero con los diferentes decretos supremos se ha llegado a reservar 104 áreas, sin embargo, ninguna de sus áreas ha dado resultados positivos. “Ninguna de estas áreas está en fase de producción”.

“Lo que decimos en Fundación Jubileo es que Bolivia necesita exploración, pero no en cualquier lugar ni de cualquier forma”, planteó.

En esa línea sostuvo que es necesario “una nueva política hidrocarburífera y energética, no se puede seguir extrayendo hidrocarburos por extraer, sino que sea parte de una política energética”.

Por lo tanto, el gas o petróleo debería servir para la transición energética en el país.

//NVG//

Velásquez, economista experto en hidrocarburos, sostuvo que el conflicto supone “un golpe muy fuerte” por el alza del precio del petróleo, que incidirá negativamente en la subvención de los hidrocarburos y, en consecuencia, en las arcas del Estado.

La Paz (ANF). – Las debilidades estructurales de la economía boliviana han quedado más expuestas y agravadas en el sector fiscal, de hidrocarburos, en la agricultura y la provisión de alimentos por las consecuencias de la guerra de invasión iniciada hace cuatro meses por Rusia contra Ucrania.

Así lo señalaron los analistas Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo, y Gonzalo Colque, de la Fundación Tierra, en un conversatorio organizado por el Centro de Espiritualidad Ignaciana, moderado por Carlos de la Riva.

En su exposición, Velásquez, economista experto en hidrocarburos, sostuvo que el conflicto supone “un golpe muy fuerte” por el alza del precio del petróleo, que incidirá negativamente en la subvención de los hidrocarburos y, en consecuencia, en las arcas del Estado.

El contexto de guerra podría haber impactado de forma positiva si Bolivia hubiera tenido altos niveles de exportación de gas natural, pero su producción ha decaído debido a los errores de gestión del sector, añadió.

El problema ha llegado al punto de que la diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones de hidrocarburos que había sido positiva para Bolivia desde el 2000, se convirtió en mayo de 2022 por primera vez en un déficit comercial de USD 40 millones, agregó.

La subvención superaría los 2.500 millones de dólares

Un problema que requiere atención urgente, pero es muy complejo por sus implicancias económicas y políticas es el de la subvención a los hidrocarburos para el mercado interno porque “desangra” los recursos del Estado.

El litro de gasolina cuesta Bs 3,74, pero su precio real debería ser de Bs 9, mientras que, en el caso del diésel, usado sobre todo en la agricultura y el transporte, el costo del litro es de 3.72, pero el precio real rondaría los Bs 10.

Velásquez detalló que el presupuesto general de la nación ha previsto para este año un gasto de 700 millones de dólares para la subvención de los hidrocarburos, pero considerando un precio de USD 50 por barril de petróleo.

Sin embargo, en el contexto de la guerra, “el precio actual del energético está en torno a los 120 dólares por barril. Esto hace prever que hacía finales de año, la subvención supere los 2.500 millones de dólares, convirtiéndose probablemente en el año de mayor gasto del Estado en la subvención a los hidrocarburos”, advirtió el analista.

Para ilustrar la gravedad del “desangramiento”, el experto señaló en 2004, cuando comenzó la subvención, el país tenía un parque automotor de 493.893 vehículos; en 2010 subió a 961.228 y en 2020 se duplicó a 2,1 millones, de los que un 93 % son particulares y un 6 %, públicos.

Para el analista, la subvención debería ser “reenfocada” para favorecer a la población de menores recursos que tiene un taxi como medio de vida, pero no debería aplicarse para los autos último modelo de gama alta.

El caso del diésel, subvencionado para la agroindustria desde hace 19 años, también debe analizarse porque en ese período el sector debería haber alcanzado una mayor eficiencia para cubrir sus costos de producción, sostuvo.

“La invasión a Ucrania es un imprevisto de alto impacto”

A su turno, el economista Gonzalo Colque afirmó que “la invasión rusa a Ucrania es un imprevisto de alto impacto para la ya malograda economía boliviana” porque Bolivia ya sufría problemas desde hace varios años, pero el conflicto bélico pone la situación “color hormiga”.

En principio, debido a que Rusia y Ucrania son grandes productores de alimentos, los precios se han disparado en el mercado internacional: el trigo subió de USD 270 a USD 350 por tonelada métrica, y la soya de USD 480 a USD 600, entre otros ejemplos.

En Bolivia, según el analista de la Fundación Tierra, los efectos inmediatos de la guerra son un mayor gasto público en la importación de gasolina y diésel, de trigo para los panificadores, en la compra estatal de maíz para avicultores y para los porcinos, y en la compra de alcohol anhidro de caña de azúcar y sorgo para producir etanol para el mercado de combustibles.

Según el analista, el negocio de vender alcohol anhidro de sorgo al Estado ha provocado que actualmente sea “el segundo mayor cultivo de Bolivia y Santa Cruz”, provocando una transformación del sector agropecuario y por tanto alimentario del país.

Los precios para el mercado interno no subirán mientras dure la subvención a los hidrocarburos y los alimentos, pero eso añade incertidumbre sobre cómo se financiará esa situación, si con deudas, ahorros o con las reservas en lingotes de oro del Banco Central, sostuvo.

Agregó que el suministro de alimentos tampoco variará mientras el sector agropecuario cruceño se beneficie, por ejemplo, con las compras estatales del alcohol anhidro a precios internacionales, según dijo.

“Este sector ha ganado bastantes privilegios, subvenciones indirectas, compras estatales a precios subvencionados” agregó el analista al cuestionar que los productores agropecuarios del oriente tengan otros beneficios, además del diésel a costos reducidos.

No obstante, insistió en advertir del riesgo de que más tierras agrícolas “se destinen a los biocombustibles, en desmedro de la producción de alimentos” puesto que en el oriente se aceleran los proyectos de etanol con caña de azúcar, sorgo y maíz, y de biodiesel con soya.

“Es un intento desesperado por reducir la importación de combustibles”, pero en el escenario futuro tendrá un impacto porque se reducirán tierras para los alimentos.

Colque concluyó que la política de subvenciones, en particular la de combustibles, ha puesto al Gobierno “ante un problema político muy serio” porque no puede tomar ninguna decisión sin poner en riesgo su propia estabilidad.

El INE no tiene ‘tablets’ para la cartografía; el Gobierno confirma retraso del censo

El viceministro de Autonomías está preocupado porque aún no hay despliegue en las áreas rurales y alejadas. El Ministerio de Planificación identificó cuatro factores de riesgo que podrían incidir en el cronograma inicial. Legisladores piden soluciones

Ante falta de equipos en el INE, Gobierno confirma posible retraso del Censo

Por su parte, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, resaltó cuatro factores de riesgo contemplados durante la planificación del proyecto censal “que pudieran incidir en un incumplimiento del cronograma inicial”.

Debido a la falta de herramientas de trabajo en el Instituto Nacional de Estadística para realizar la cartografía, el Gobierno confirmó este fin de semana que hay retrasos en los procesos. El Censo está previsto para el 16 de noviembre de este año.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, detalló que el INE aún no dispone de los dispositivos móviles (tablets) para realizar la cartografía y recalcó que lo más preocupante es que los actualizadores aún no se desplazaron a las áreas rurales y regiones alejadas del país, reportó el diario El Deber.

“Hay algunos retrasos en los temas tecnológicos. Estamos con corto de tiempo para que lleguen algunos equipos tecnológicos, pero se está trabajando en eso para tratar de llegar al 16 de noviembre. La cartografía más avanzada que tenemos es en las ciudades, donde tenemos mayor retraso es en las áreas rurales”, señaló.

Postura de Planificación

Por su parte, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, resaltó cuatro factores de riesgo contemplados durante la planificación del proyecto censal “que pudieran incidir en un incumplimiento del cronograma inicial”.

“(La) restricción de producción y comercialización de equipos tecnológicos iniciado por la pandemia, se ha producido una crisis de transporte y comercio en el mundo que afecta a los países del mundo porque se han encarecido los precios y esto se agudizó con la guerra entre Rusia y Ucrania”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que existe un “alto nivel de politización” del Censo, conflictos de límites y la nueva “ola” del Covid-19, lo cual podría modificar el normal avance del proceso censal.

Fundación Jubileo

Por su parte, el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, remarcó que el INE prometió agilidad en el trabajo de campo, ya se tenía la tecnología avanzada para garantizar un trabajo de calidad, pero ahora la falta de equipos o la demora de su llegada no permitiría cumplir los plazos.

“(La falta de equipos) es un tema más preocupante aún porque si no tenían estos avances tecnológicos no podían haber cumplido con la temporalidad porque varios expertos en estadística dijeron que se tardaría un año en la actualización cartográfica y se había esperado que estos avances tecnológicos permitan recortar el tiempo sin perder la calidad”, indicó.

Ante la situación, instó a las autoridades a “no solo expresar preocupación ante esta demora” sino dar claridad a la población sobre cómo se están planificando y resolviendo estas dificultades.

Entre los problemas resaltó la poca información con una boleta censal desconocida, demoras en la cartografía y la falta de capacitación a los encuestadores.

“Hay que velar la calidad del Censo que debe ayudar a tomar decisiones y a concertar con la sociedad y todos los actores. Si garantizar la capacidad de calidad de la realización del censo tiene que llevar a una postergación, pues que lo digan, pero de forma planificada y no puede quedar sin fecha y debe haber compromisos”, afirmó.

/JDLF/

Jubileo: conflictos por límites y asimetrías municipales aflorarán en el Censo

El análisis fue realizado en un debate convocado por la Agencia de Noticias Fides (ANF) con la participación de la analista política María Teresa Zegada, la socióloga Gabriela Canedo y el intelectual indianista Pedro Portugal

La Paz, 13 de junio de 2022 (ANF).- Las graves asimetrías municipales y los conflictos por límites territoriales quedarán en evidencia en el Censo de Población y Vivienda, aunque se tratan de problemas estructurales del país y no de dificultades atribuibles al proceso mismo del estudio que se celebrará el 16 de noviembre, afirmó el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez.

El análisis fue realizado en un debate convocado por la Agencia de Noticias Fides (ANF) con la participación de la analista política María Teresa Zegada, la socióloga Gabriela Canedo y el intelectual indianista Pedro Portugal, bajo la moderación de la coordinadora Estefani Tapia.

Según Núñez, la importancia del problema de límites ha sido expuesto a partir de unos cálculos que revelan que en el Censo de 2012 el municipio de La Paz sufrió un daño de 78 millones de bolivianos, que luego subieron a 580 millones, porque hubo gente que no fue empadronada en la ciudad como debía, sino en municipios aledaños.

En el mismo sentido cuestionó que las ciudades capitales grandes cuenten con una población flotante a la que se brinda servicios, pero tributan en las localidades vecinas.

El directivo de Jubileo advirtió también sobre las tensiones que surgen a propósito de la reducción en un 60 % de los recursos de varios municipios y de las gobernaciones debido a la crisis económica, aunque esta situación no impide que la población exija obras y servicios, aunque las regalías hayan quedado afectadas por la mala situación económica.

De igual forma, enfatizó que las asimetrías quedarán en evidencia otra vez ya que los municipios de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz aportan al 42 % del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que el resto de los otros 335 municipios se reparten el resto de ingresos.

 “En nuestros estudios vemos con preocupación que alrededor de 200 municipios realmente tienden a tocar fondo. Es decir, casi son inviables frente a los escasos recursos y la poca capacidad de generación de ingresos propios”, sostuvo al insistir en que es urgente un reordenamiento de la distribución de ingresos en el marco de un pacto fiscal y ante la evidencia de que ya no se repetirá otro período de bonanza como el vivido hasta el 2013.

Para la discusión sobre esos problemas y la necesaria planificación destacó la importancia de contar con información correcta en el Censo.

De su parte Portugal sostuvo que el Censo otorga la oportunidad de discutir temas de coyuntura, pero también de fondo como la situación de las etnias porque “Bolivia es el único lugar donde el indígena puede transformar e intervenir de manera drástica en la vida histórica y política”.

Según el analista, además, el problema de los límites territoriales entre municipios tiene una razón colonial porque La Paz, “como centro culto”, se expandió en desmedro de los municipios con habitantes indígenas, de tal forma que eso explica los problemas surgidos al respecto.

“Cada vez que evocamos esto surge en La Paz un acento conquistador, del único que puede proporcionar agua potable y que administra adecuadamente, y el resto serían (municipios) corrompidos, a merced de traficantes, loteadores e irresponsables”, sostuvo.

En cambio, la parte indígena ve la posición de La Paz como una “expansión y una agresión”.

Portugal advirtió de que este tipo de problemas adquiere connotaciones políticas y de identidad provocando mayores conflictos al país que podrían haberse solucionado si se hubieran entendido desde una lectura nacional y no tanto por seguir modas de fuera, concluyó.

La politóloga Zegada señaló que a propósito de las posiciones de Núñez y Portugal cabe pensar en las derivas del censo en temas “como el sobrecimiento de Santa Cruz y el despoblamiento de muchísimos municipios rurales”, pero también en los problemas de límites a sabiendas de que pueden causar conflictos violentos entre las comunidades.

“Todo esto implica relaciones de poder”, sostuvo al expresar su esperanza de que el Censo no se quede como un recuento demográfico, sino que sea capaz de plantear desafíos para la solución de problemas entre territorios municipales, indígenas y gobernaciones.

La socióloga Canedo sostuvo que está de acuerdo con que el Censo recoja información sobre la identidad cultural indígena, la fe religiosa o las creencias y abogó porque tras el estudio demográfico también se debatan temas estructurales como empleo, inseguridad, la conectividad, la movilidad, y dónde la población flotante recibe los servicios esenciales.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) incluirá una pregunta sobre la autoidentificación indígena, pero en cambio descartó referirse a la identificación de mestizo reclamada por sectores de clase media como un derecho que ha sido negado.

31 de mayo de 2022 11:34

Encuesta internacional: Bolivia obtiene puntuación de 20/100 en transparencia de Presupuesto Abierto 2021

En la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 solo se evalúan los documentos publicados y los eventos, actividades o avances que tuvieron lugar hasta el 31 de diciembre de 2020

Presupuestos. Foto: Ilustrativa

La Paz, 31 de mayo de 2022 (ANF).- Con una puntuación de 20 sobre 100 en el indicador de transparencia, Bolivia se sitúa aún entre los más bajos de la región y el mundo en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021, realizada en 120 países.

Si bien obtuvo una leve mejora respecto a una medición anterior, aún se encuentra muy abajo, en el puesto 102, y lejos del promedio global que alcanza a 45 puntos, señala la Fundación Jubileo en una nota de prensa.

La Encuesta de Presupuesto Abierto es parte de una iniciativa del International Budget Partnership (IBP), un programa global de investigación que promueve el acceso público a la información presupuestaria, la participación y la adopción de sistemas presupuestarios responsables.

En Bolivia, Fundación Jubileo es la institución encomendada para realizar la encuesta. Una medición anterior se realizó el año 2019.

El estudio evalúa el acceso a la información presupuestaria de los Gobiernos Centrales por parte del público, las oportunidades formales que la sociedad tiene de participar en el proceso presupuestario y el papel de las instituciones de control, vigilancia y fiscalización, como la Asamblea Legislativa y la Contraloría.

Esta acción es posible por el esfuerzo de organizaciones de diversas regiones del mundo.

En la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 solo se evalúan los documentos publicados y los eventos, actividades o avances que tuvieron lugar hasta el 31 de diciembre de 2020; por tanto, los resultados no se refieren al nivel de transparencia y participación en el actual Gobierno, sino a la gestión del Gobierno transitorio.

De los ocho documentos que evalúa la encuesta, Bolivia publicó, dentro los plazos que la metodología determina, el Proyecto de Presupuesto, el Presupuesto Aprobado y el Informe de Fin de Año (expresado en el Boletín Económico - Informe Fiscal 2019 del MEFP).

El Presupuesto Ciudadano, que es una versión didáctica del Presupuesto, fue publicado tarde y los informes durante el año no fueron publicados dentro de los tiempos y formatos accesibles. Tampoco se producen o publican el documento preliminar, la revisión de mitad de año y el informe de auditoría de todo el Presupuesto.

La mejora en la calificación en transparencia se debe a que el proyecto de Presupuesto del Ejecutivo fue publicado, a diferencia de años anteriores.

¿Cómo se podría mejorar este indicador? A partir de los resultados de la encuesta y del análisis del proceso presupuestario de Bolivia se deberían priorizar las siguientes medidas:

· Actualmente, la información del Presupuesto no permite identificar la asignación de recursos para los diferentes sectores (Educación, Salud y otros); por lo tanto, es fundamental publicar la información del presupuesto de acuerdo con las clasificaciones por sectores económicos y por finalidad y función; así el Presupuesto se constituirá en un efectivo instrumento de política fiscal y planificación, y será más útil para la sociedad civil.

·  Se recomienda publicar en todo momento y de forma accesible los reportes de ejecución presupuestaria, por categoría programática y financiamiento.

·  Se recomienda elaborar y publicar un documento preliminar al proyecto de presupuesto, una revisión de mitad de año y un Informe de Auditoría del Presupuesto General.

·  Finalmente, además de publicar los otros documentos presupuestarios en forma oportuna, será fundamental, al igual como se hizo para el presupuesto 2020, continuar publicando en línea el proyecto de Presupuesto General del Estado, antes de su aprobación legislativa.

En los indicadores complementarios, la puntuación para Bolivia fue de 20 sobre 100 en participación pública y de 48 sobre 100 en vigilancia del Presupuesto. No obstante, el estudio otorga la mayor relevancia al indicador de transparencia.

La próxima encuesta 2023 será realizada con base en el año fiscal 2022, por lo que los ajustes que puedan realizarse en esta gestión serán determinantes para mejorar la transparencia y participación, y por tanto la calificación del país.

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